Si existe un denominador común entre todos los economistas en esta primera fase económica y sin importar la ideología, es en primer lugar, apoyar al sector sanitario proporcionando recursos materiales para evitar la propagación y paliar los efectos del virus.
En segundo lugar garantizar la liquidez de empresas y los ingresos a los trabajadores. Porque por primera vez los intereses de empresas y Gobiernos van en el mismo sentido, siguiendo la máxima de que cuanto antes acabemos con el virus antes volverá la normalidad económica. Y para esto se necesita de una inversión pública muy potente en la que todos los actores políticos y económicos estén muy presentes.
En la segunda fase de reconstrucción económica es donde aparece la controversia. ¿Estamos ante una crisis de Oferta o de Demanda? Porque en función del punto de partida, las soluciones son muy dispares.
Los shocks de Demanda se producen cuando existe una distorsión del mercado en variables como: el gasto publico, la inversión o la demanda privada. Cuando ocurre un shock negativo, observamos que la curva de la Demanda agregada, se desplaza a las izquierda y como consecuencia disminuye el nivel de precios.
Si el shock fuese solamente por el lado de la Demanda, como la Gran Depresión de 1929, tendríamos una bajada de precios brutal para que productores y fabricantes pudiesen vender sus productos ya que dicha demanda de productos sería muy baja debido a las expectativas negativas que tienen los consumidores sobre el futuro, entre otras razones.
Un shock de Oferta es cualquier influencia sobre la Oferta agregada, generada por ciertas variables, como pueden ser: un desastre natural, un incremento en los precios de los insumos o la productividad. Cuando el shock es negativo, produce un desplazamiento en la curva de Oferta agregada a la izquierda, disminuyendo la cantidad de productos disponible en el mercado por lo que los precios se incrementan.
Si el shock fuese puramente por el lado de la Oferta, se dispararían lo precios como en la crisis del petróleo de 1973. En el caso actual, las medidas de estimulo que se están llevando a cabo serían contraproducentes y nos llevaría a un incremento en los indices de precios. Al haber menos cantidad disponible de productos, debido a que las empresas no pueden fabricar por el confinamiento de los empleados, unido a que el consumidor tiene más renta a su disposición.
¿Cómo podemos saber si estamos ante un shock de Oferta o de Demanda? Observemos la evolución de los precios, el IPC, así como el deflactor de PIB. El deflactor es un índice de precios que calcula la variación de los precios de una economía en un periodo determinado utilizando el Producto Interior Bruto. Básicamente nos permite saber qué influencia tienen los precios en el crecimiento de la riqueza de un país.
Observando la previsión del indice de precios (IPC) para el año 2020, deducimos que se van a mover en negativos, en gran causa por el descenso en los precios energéticos, pero tenderán a 0% para final de año. La inflación subyacente (core inflation) según datos del INE, que excluye precios energéticos y componentes del índice cuyos precios sufren grandes fluctuaciones debido a eventos transitorios es el 1,1%. Por último el deflactor del PIB, según los últimos datos a los que tenemos acceso de 2020, según FUNCAS, es del 1,3%. Por tanto no observamos, tendencias deflacionista
que expliquen que estemos puramente ante una shock de demanda, por lo que tendremos que tener en cuenta la aplicación políticas también de Oferta.
Las políticas de Demanda activadas por los gobiernos de la Unión Europa, protegen a los trabajadores ante el riesgo del desempleo, al mismo tiempo que les proporciona un salario que se transformará en el consumo, que reactivará la economía global.
Por el lado de la Oferta es más complicado, transferida la política monetaria a la UE y con tasas de interés nominal cercanas al 0% poco hay para hacer. Una política fiscal expansiva canalizada hacia los sectores afectados, les permitiría reemplazar por transferencias estatales parte de los ingresos perdidos y harían que las empresas tuviesen mayor liquidez. Abaratar los costes de producción o incrementar la productividad son otras herramientas que no debemos olvidar unidas a una transición ecológica a largo plazo que pase por una descarbonización y un crecimiento sostenible.
Pero la pregunta más escuchada es ¿de dónde saldrá todo este volumen de dinero? ¿quien va a pagar el incremento en el gasto Público?
En primer lugar el gobierno plantea 2 tasas:
- La tasa “google” es una figura fiscal que afecta a las grandes compañías tecnológicas con ingresos anuales mundiales que superen los 750 millones y cuyos ingresos en España sean de más de 3 millones de euros.
- La tasa Tobin que es un impuesto sobre las transacciones financieras, que grava con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas que posean una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones.
Y la modificación de varios impuestos:
- Incrementar el IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos a partir de 300.000 euros.
- En relación al impuesto sobre el Patrimonio se planea comenzar a gravar los patrimonios netos a partir del millón de euros.
- El impuesto de Sociedades, es el que más sube ya que se impondrá un tipo mínimo sobre la base imponible del 15 por ciento para las empresas que facturen más de 20 millones de euros y del 18 por ciento para la banca y las petroleras.
En segundo lugar, el Tesoro público ha acelerado las emisiones de deuda pública con el fin de tener liquidez suficiente para sufragar esta factura. Ante esa situación, el Banco Central Europeo (BCE), con sus compras de deuda de la Eurozona, está conteniendo una eventual subida de los costes de financiación de los Estados.
Y por ultimo, la Comisión Europea (CE) propone un fondo de casi 150.000 millones de euros para la recuperación económica que se desembolsarán al país en forma de subvenciones a fondo perdido y en parte préstamo. El resto del Fondo de Recuperación, estaría destinado a movilizar la inversión privada y en sectores clave, y un tercer bloque para reforzar una reserva de equipamiento sanitario.